La fundación de la primera institución de educación superior, en 1553, es propiamente la Real y Pontificia Universidad de México (RPUM). Según la Cédula de Creación de Felipe II, tal institución tendría y gozaría de “todos los privilegios y franquicias, libertades y excepciones que tiene y goza el estudio y la universidad de la Ciudad de Salamanca...”.

Se trataba, por tanto, de una universidad medieval en contradicción con la Ilustración y el racionalismo que ya campeaban en varias de las universidades europeas; que se basaba en la escolástica, esto es, el método a partir del cual se trataba de “fundamentar racionalmente los dogmas y establecer conceptos concordantes con la Iglesia católica”, como expresaba Vasconcelos.

La Constitución de 1824 va a recoger parte de la tradición liberal inscrita en el mismo cuerpo legislativo de Estados Unidos en 1787 y de los nacientes Estados europeos. En consonancia con ellos, va a otorgar la máxima libertad para que las recién “inventadas” entidades federativas “arreglen la educación pública”. En tal virtud, lo que ya funcionaba y resultaba connatural para las antiguas Trece Colonias del vecino país, se adopta en las tierras del Anáhuac, superponiéndose el texto constitucional a la realidad social.

Resultado: esa libertad de enseñanza, postulada por la Constitución, sólo tenía sentido para quien tradicionalmente la había impartido: el clero. A consecuencia de ello, la RPUM seguiría funcionando, como si el proceso de emancipación nacional no se hubiese dado.

En 1833, el presidente Gómez Farías, apoyado en las ideas  de José María Luis Mora (cuya imagen se reproduce en el recuadro), emprende una serie de importantes reformas de corte liberal en muchos de los ámbitos de la vida social. Para entonces, la RPUM se había convertido en un baluarte desde el cual el naciente partido conservador buscaba influir para que se mantuviesen los intereses de la antigua aristocracia virreinal.  Dos decretos de Gómez Farías van a modificar, aunque sólo por brevísimo tiempo, a la educación superior de la época: uno, por el cual se suprime la RPUM; otro, por el cual se reforma la enseñanza superior, proponiéndose nuevos planes de estudio en los escasos establecimientos públicos.

La Constitución del 57 establece que la enseñanza debe ser libre, de manera similar, como sostenía Ignacio Ramírez, a la del pensamiento. La Guerra de Tres Años y luego la Intervención posponen cualquier proyecto educativo derivado de dicho ordenamiento. Es hasta la Restauración de la República, en 1867, cuando Juárez emprende una obra importante en ese terreno: a) la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria, con la intención de “consolidar el triunfo alcanzado por los liberales mexicanos”, constituyéndose en todo un programa que aspiraba a la emancipación científica, religiosa y política, según afirmaba su fundador Gabino Barreda; b) la expedición de la Ley Orgánica de Instrucción Pública del DF, donde, para el nivel superior, se impulsaban importantes transformaciones a las carreras tradicionales y creándose otras, mismas que reflejaban ya la influencia internacional, así como la aspiración de la élite que había expulsado a los franceses.

Con base en esta Ley Orgánica, su reforma en 1869 y las sucesivas que expiden Manuel González, en 1883, y Porfirio Díaz a lo largo de su mandato (con sus ministros J. Baranda, J. Fernández y J. Sierra), se llega al fin de siglo con un conjunto de escuelas y carreras, con diferentes denominaciones y naturaleza jurídica, que no conformaban un cuerpo unitario, pero que serían la simiente de lo que años después, en 1910 o en 1936, constituirían la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico Nacional.

Las Fiestas del Centenario serían el marco para el “coronamiento de una gran obra de la educación nacional”, la impulsada por don Porfirio en 30 años. De ahí el proyecto de Justo Sierra y la inauguración de la Universidad Nacional, el 22 de septiembre de 1910.

* Ex secretario general ejecutivo de la ANUIES , consultor independiente y miembro de la Junta Directiva de la UAM.