Hablar del pase reglamentado o automático en la UNAM es siempre provocativo. Tiene muchos rostros: los estudiantes pumas lo consideran un logro histórico; las autoridades universitarias, un tabú; los jóvenes aspirantes a ingresar a la licenciatura y que provienen de otros bachilleratos, una injusticia, y para la sociedad mexicana tiene un costo político, económico y social.

En realidad el pase reglamentado tiene su sustento más allá de lo académico y descansa, más bien, sobre una cortina de miedo, pues la autoridad prefiere dejarlo existir a enrollarse en una situación que luego pueda ser insostenible para la institución. Es, por consecuencia, un tema archivado en el cajón de los intocables.

Ahora que el rector de la UNAM, José Narro Robles, planteó el asunto de la cobertura y, al mismo tiempo, señaló que la Universidad deja fuera de sus aulas al 91 por ciento de sus aspirantes a la licenciatura, el pase reglamentado viene otra vez al caso.

En México hay aproximadamente 2 millones 600 mil estudiantes universitarios, lo que significa 50 veces más que hace cinco décadas, pero también que cada vez existan más jóvenes sin posibilidades de ingresar; el número de aspirantes crece año tras año y, por tanto, los rechazados son más y más. No hay ni cupo ni presupuesto, y es muy relativo afirmar que sólo llegan los mejores.

Estamos a unas pocas semanas de iniciar el déja vú de los rechazados. Ante las protestas de cientos de jóvenes que exigen oportunidad de estudiar en una universidad pública, vale preguntarse: ¿es justo el pase reglamentado en la Universidad Nacional?
Una de las razones por las cuales el pase reglamentado no debe existir, es que se amplían las posibili

dades de que los buenos alumnos que estudian en bachilleratos no pumas, puedan ser descartados para carreras que sólo se imparten en la UNAM y esto es tan negativo, como el hecho de que un joven deje de estudiar por causas de índole económica y social. En el caso de la Máxima Casa de Estudios, los egresados del Colegio de Ciencias y Humanidades y de la Escuela Nacional Preparatoria tienen asegurado su ingreso con la condición de que hayan concluido sus estudios en un máximo de cuatro años, contados a partir de su ingreso, con un promedio mínimo de siete. Es decir, ingresan más por esta vía alumnos con serias deficiencias o calificaciones mediocres a la UNAM, quedan fuera aquéllos que puedan tener mejores calificaciones, pero que estudiaron en otras instituciones.

Y el asunto estaba peor. Por tres décadas (desde 1968 --cuando Javier Barros Sierra cedió la existencia del pase automático ante un movimiento estudiantil-- hasta 1999 --cuando se acotó a pase reglamentado--), la UNAM se convirtió en terreno fértil de estudiantes reprobados, comúnmente llamados fósiles y se dieron casos de pase automático para estudiantes que permanecieron décadas estudiando el bachillerato y tenían garantizado su espacio en la licenciatura (aunque este será tema de otra colaboración).

Existe en la Suprema Corte de Justicia una tesis aislada, producto de un Amparo contra la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la que se deja claro que el pase automático es inconstitucional, por generar la desigualdad de oportunidades. Esta tesis deja abierta la posibilidad de más amparos respecto a este tipo de ingreso a la licenciatura.

El pase reglamentado o automático es, en realidad, motivo de relajación académica y genera altos índices de reprobación. Según un diagnóstico realizado por el Colegio de Ciencias y Humanidades en su Proyecto Académico para la Revisión Curricular, “los alumnos de secundaria llegan cada vez con mejores promedios a esta institución, en cuyo examen de admisión también obtienen buenas notas, pero apenas ingresan, comienzan a reprobar. Al terminar el semestre, 5 de cada 10 alumnos reprobaron al menos una asignatura y, cuando llegan al quinto, entre 70 y 80 por ciento debe alguna materia, siendo Matemáticas, Historia e Inglés donde presentan mayores problemas”. (Reforma, febrero).

El pase reglamentado a las carreras de licenciatura de la UNAM es un proceso discriminatorio que promueve la desigualdad de acceso a la educación. Debe discutirse su pertinencia, aunque seguimos en espera de las ansiadas reformas pumas para mejorar el bachillerato.

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